Mientras este jueves el SME presentó ante la PGR una demanda en contra de los funcionarios que resulten responsables por estar pagando a los ex trabajadores de LyFC liquidaciones por encima de la ley, y al mismo tiempo que la disidencia sindical encabezada por Alejandro Muñoz exige el remate de los bienes del sindicato con la finalidad de que las ganancias sean repartidas entre todos los agremiados antes de que también les sean escamoteadas por Martín Esparza -según temor manifestado por el tesorero Muñoz-, en el sector industrial comienza a sentirse preocupación por el destino que les depare a los proveedores de LyFC. El tema lo toca hoy, en El Universal Maricarmen Cortés, en su columna Desde el piso de remates, donde reproduce la inquietud del dirigente de Canacintra, Miguel Marón Manzur, que plantea la incertidumbre que prevalece sobre todo en las pequeñas y medianas empresas, que son las que se ven más afectadas en su liquidez por el retraso en los pagos por parte de la extinta paraestatal, según consigna la columnista. Pero hay otra arista de la información de medios que puede generarle ruido al gobierno federal en el conflicto que mantiene con el SME. Es la que aborda en su columna Empresa, Alberto Barranco, también en El Universal. Asegura que la bancada panista en el Congreso prepara una iniciativa para abrir la posibilidad de generación para fines públicos y de distribución de energía eléctrica, a favor del capital privado nacional y extranjero, lo que iría, dice el analista financiero, a contrapelo de la promesa presidencial de que la extinción de LyFC no implicaría la privatización del órgano desconcentrado. Por otra parte, los principales medios, en su versión impresa, destacan que al sexto día de iniciados los pagos de las liquidaciones, ocho mil 512 personas han acudido a cobrar sus cheques. La cifra, según cálculos del SAE, representa el 19.1% de los 44 mil empleados que tenía LyFC. Ello significaría que al acercarse el 14 de noviembre (fijada en el decreto presidencial como fecha límite para que los trabajadores que antes de ese día recojan sus cheques puedan ser sujetos de reinserción laboral) podría fluir un mayor número de agremiados a los módulos de liquidación. Mientras tanto, sigue corriendo también el plazo fijado por las autoridades (a más tardar mañana a las tres de la tarde) para que los ex trabajadores devuelvan los bienes que les fueron asignados por la empresa antes de la publicación de decreto de liquidación. Hay poca información hasta ahora en los medios, donde, por el contrario, sobresale la convocatoria del SME para que no hagan caso de la petición del SAE. Por lo demás, en estos momentos está compareciendo en San Lázaro el secretario del Trabajo, Javier Lozano Alarcón, donde hace una defensa férrea de la legalidad de la extinción de Luz y Fuerza, entre interrupciones e insultos por parte de los diputados pejistas encabezados por Gerardo Fernández Noroña, al tiempo que se nombró al priísta Alfonso Navarrete Prida como cabeza del grupo de trabajo para investigar el caso LyFC.
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