¿Seguiría el SNTE?

Aunque algunos críticos siguen considerando como error la instalación de una mesa de diálogo en Gobernación para tratar la reinserción laboral de los ex trabajadores de LyFC, toda vez que estaba visto que el SME de Martín Esparza no aceptaría nada que no fuera la derogación del decreto presidencial del 11 de octubre, hoy los analistas (entre ellos Pablo Hiriart, en La Razón) ponderan la medida del gobierno federal y perciben como uno de los objetivos de esa decisión, el propiciar “el aterrizaje más terso a la extinción de LyFC”. No omite en señalar, sin embargo, el autor de la columna Uso de Razón, que la medida “parece un contrasentido”, sobre todo porque cuando el gobierno federal negó la toma de nota a Martín Esparza como secretario general del SME, desconoció en él todo tipo de liderazgo, pues no sólo carecía de representatividad sino que, además, había llegado a ese puesto a través de un fraude en las elecciones internas de esa organización gremial. Sin embargo todo mundo vio entrar a Esparza a la Secretaría de Gobernación para sentarse con los representantes del gobierno que lo desconocieron. De ahí que el columnista cuestione con toda razón a las autoridades federales: ¿Son dirigentes legítimos o no lo son? ¿Ya se echó para atrás el gobierno con el desconocimiento a la dirigencia encabezada por Esparza? ¿Qué otro paso hacia atrás sigue? Por supuesto que genera incertidumbre en la opinión pública el hecho de que se haya instalado esta mesa de diálogo entre Gobernación y el SME, pero las razones de fondo para hacerlo, más allá de comentarios, se inscriben en el contexto del anuncio que el fin de semana hicieron de manera conjunta los secretarios de Trabajo, Javier Lozano, y de Economía, Gerardo Ruiz Mateos. Tras insistir en que el gobierno federal no dará marcha atrás al decreto que extingue LyFC, Lozano dijo que se ofrecerán asesorías y facilidades a los electricistas para que se autoempleen, y puso a su disposición 21 franquicias de distintos giros. Con esto, el gobierno amplía su cobertura a los trabajadores; promete cursos de “reconversión laboral” para capacitarlos en computación, mecánica automotriz, refrigeración, mantenimiento de vehículos y de inmuebles, asistente educativo, dibujo asistido por computadora, inglés y hasta en electricidad. La medida, de acuerdo a los análisis de columnistas políticos, representa un intento de hacer más terso el proceso de liquidación de LyFC, y para tratar de convencer a más trabajadores a que pasen a recoger cuanto antes su liquidación para que puedan hacerse merecedores de estos beneficios. Sobre todo cuando el propio Lozano, el sábado, informó que son dos mil 527 los electricistas que han ido a recoger sus cheques, un porcentaje mínimo con respecto al número total de agremiados del SME, que rebasa los 44 mil trabajadores. Con todo, analistas políticos y financieros, así como diversos sectores de la sociedad, siguen pensando que el decreto de extinción de LyFC ha sido hasta hoy la medida más acertada asumida por el gobierno del presidente Calderón, y muchos creen que otras organizaciones gremiales como el SNTE estarían poniendo sus barbas a remojar, ante la posibilidad que la liquidación de LyFC sea parte de una estrategia global del calderonismo para desmantelar el corporativismo sindical en el país.

Se apanica el gobierno federal

Apenas le mostraron el músculo, y el gobierno federal se apanicó. Al menos ese sería el sentir generalizado en ámbito de la Administración Pública Federal. Porque todavía no terminaban de salir de la plancha del Zócalo capitalino los manifestantes y aliados del SME, cuando ya la Secretaría de Gobernación anunciaba la instalación de una mesa de diálogo -lo que confirmaría cerca de las diez de la noche, en un boletín- para discutir el decreto de extinción de LyFC y las posibilidades de reintegración laboral y productiva de los trabajadores electricistas en liquidación. Fue una mala señal, interpretan hoy algunos analistas, entre ellos Sergio Sarmiento, en Reforma, porque, a estas alturas, dar marcha atrás a una decisión histórica, “sería equivalente a renunciar a la Presidencia”; y con el ingrediente de que el “mediador” en esa mesa de diálogo será nada menos que Marcelo Ebrard. Pero vayamos por partes. Según lo que publica hoy la prensa, mientras el gobierno capitalino calculó en 150 mil los asistentes a la marcha (Reforma), y el SME de Martín Esparza aseguró que se congregaron más de 300 mil (Milenio, Crónica, Excélsior, etc.), los reportes de noticieros radiofónicos (Radio Fórmula, Formato 21, etc.), coincidieron en describir que, al menos en el contingente del SME no había más de 400 trabajadores electricistas. Salieron a marchar, entonces, los de siempre: panchosvillas, atencos, panteras, acarreados por el GDF, bejaranos, máistros, adelitas y appos de Oaxaca. También telefonistas, cegeacheros, lopitos, ancianos, madres solteras y discapacitados “becados”, duros del PT y de Convergencia. Además de todos los participantes de las manifestaciones capitalinas: Andrés Manuel López Obrador, Alejandro Encinas y Gerardo Fernández Noroña, las huestes de René Bejarano, perredistas y petistas, los acarreados de los gobiernos delegacionales, los mineros leales a Napoleón Gómez Urrutia, los escuadrones de Francisco Hernández Juárez, los agremiados del STUNAM, los profesores y estudiantes radicales de la UNAM y los grupos que viven de las dádivas del GDF. Y uno se pregunta: Si son más de 40 mil los agremiados del SME, ¿qué representatividad tiene entonces Esparza, si nada más reunió a unos 400 sindicalizados? Se infiere, con esto, que la mayoría de los ex trabajadores de LyFC estaría más ocupada en ver cómo recogen sus cheques de liquidación, que en involucrarse más en movilizaciones. Preocupa, sin embargo, la instalación, hoy, de la mesa de diálogo en Gobernación, no porque no estemos de acuerdo con ello (el diálogo es la mejor forma de resolver las confrontaciones), sino porque pudiera verse en la opinión pública nacional como una señal de debilidad y retroceso en la decisión del gobierno federal de liquidar LyFC. Y porque, aunque Fernando Gómez Mont ya aclaró que la mesa es únicamente para tratar el asunto de la reinserción laboral, es claro que el SME no busca eso. Quiere la derogación del decreto, que salga la Policía Federal de la empresa, la reintegración de todos los trabajadores, y que el GDF participe en las negociaciones. Y por lo que se ve, este punto ya lo ganó Martín Esparza, desde el momento en que Gobernación aceptó sentar a la mesa a un representante de Marcelo Ebrard. Por eso preocupa a los sectores que dieron su pleno respaldo a la decisión presidencial, porque la mesa de diálogo se mira más como un signo de debilidad. Porque, como plantea Bajo Reserva en El Universal: ¿qué van a negociar? ¿Hay algo negociable? El SME sólo aceptará que le devuelvan LyFC; no van por liquidaciones más altas. Por eso, volviendo a lo que dice hoy Sergio Sarmiento, en su columna Jaque Mate de Reforma, “el presidente Calderón no puede echarse para atrás por una marcha, sin importar cuán numerosa sea. Cancelar la liquidación de Luz y Fuerza sería equivalente a renunciar a la Presidencia”.

Más vale tarde que nunca

Más vale tarde que nunca, dicen. Así que, aún cuando algunos observadores, como Alfonso Zárate, reprochan al Presidente el haberse tardado tanto en decretar la liquidación de LFC (la medida debió aplicarse desde 2008, le parece), la mayoría sigue aplaudiendo esta decisión, tal como consigna hoy Reforma en una encuesta telefónica, donde, de una muestra de 500 entrevistas, el 50% de los capitalinos aprueba la liquidación de esa empresa, contra 37% que se opone, y 13% no tiene opinión. Incluso 79% de los entrevistados afirma que las movilizaciones que a partir de esta tarde iniciará el SME, no impedirá el cierre de la compañía. Este es el segundo sondeo de opinión difundido en la semana por medios impresos favorable al gobierno federal. El primero fue levantado por el Gabinete de Comunicación Estratégica (de Federico Berrueto) y difundido el martes en Milenio, que reflejó que ocho de 10 personas manifestaron su respaldo a la determinación del titular del Ejecutivo de acabar con ese lastre para la economía nacional. Ayer, no obstante, hubo otra encuesta difundida por El Universal, que también divide a la opinión pública entre los que aprueban y los que desaprueban la liquidación de LFC y que los columnistas afines a la causa del SME y del Peje López Obrador (entre ellos Ricardo Rocha) le conceden mayor credibilidad que las anteriores, aunque reconoce la ventaja relativa de 48% a 43% para el gobierno en esta trascendental resolución. Obviamente Rocha, en su afán de golpeteo a la medida, destaca los resultados de otros rubros arrojados por la misma encuesta, como por ejemplo que las condiciones de privilegio de las que gozaban los sindicalizados de LFC, también eran para los directores y empleados de confianza de la paraestatal. Más aún, en la primera plana de El Universal, ayer, también se publicó una gráfica comparativa entre la satanizada LFC y la idealizada CFE, que sintetiza –se ufana el panegirista del Peje- que “tan caro es el pinto como el colorado”. Esto, porque al igual que LFC, la CFE también cuenta con miles de sindicalizados con igual o mejores prestaciones que la extinta LFC. Sin embargo, la mayoría de analistas políticos, hoy, vuelven a cuestionar el papel del ex dirigente del SME, Martín Esparza y sus aliados (AMLO, Porfirio Muñoz Ledo y Fernández Noroña) por la movilización que realizarán esta tarde y que, como vaticina Ciro Gómez Leyva, “será el último canto del SME”, sobre todo por el contundente rechazo que recibió ayer del presidente de la Comisión de Energía del Senado, el priísta Francisco Labastida, quien públicamente lo bateó (a Esparza, cuando éste acudió a pedirle apoyo), al decirle: “eso dependerá de la decisión del gobierno federal, pues si a la Federación no le interesa acercarse, por la posición irreductible expresada públicamente por el sindicato, ni cederá en su posición de cerrar LFC, el Senado no intervendrá”. Así las cosas, habrá que ver cómo se desarrolla la situación, puesto que si bien el SME tiene de su lado a los maestros de la anarquía que pueden poner de cabeza al país cuando lo quieran, el Estado, con esta decisión, ha recuperado la rectoría sobre el sector energético, al grado que Carlos Elizondo Mayer Serra (se recomienda su lectura completa, en Reforma) considera la medida como una segunda nacionalización del sector dado que LFC estaba privatizada a favor del SME. O para dejarlo en palabras de Alfonso Zárate: Tanto sembraron “diablitos”, que al final se les apareció Satanás”.

Se están tardando

El conflicto abierto entre el SME y la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, entró este fin de semana en un compás de espera, ante el ultimátum lanzado el viernes por Martín Esparza al gobierno federal para que le entregue a más tardar el lunes 12 de octubre la toma de nota que le negó la semana pasada como secretario general de esa organización gremial.

La mayoría de analistas políticos coinciden que el gobierno federal se ha tardado ya en tomar la decisión para proceder a la liquidación de Luz y Fuerza del Centro (LFC) y, si bien algunos ven en esto la prudencia de las autoridades federales para no complicar más el panorama nacional, otros creen que con ello el SME está ganando tiempo para incrementar la presión al gobierno mediante movilizaciones de las bases sindicales, y así ganar imagen ante la opinión pública que, al menos la semana pasada, estuvo del lado del calderonismo.

Habrá que esperar al próximo lunes, para ver cómo viene la respuesta del secretario del Trabajo, Javier Lozano Alarcón, en cuanto a la exigencia del SME y su líder sindical desconocido, de que le entregue la toma de nota a Martín Esparza.